Ecuador tiene logros importantes: una extensa red de áreas protegidas, un marco legal relevante y generación de conocimiento científico. No obstante, la efectividad de la conservación está comprometida por la presión extractiva, la deficiencia de gobernanza y la fragilidad financiera y técnica de muchas administraciones, especialmente a nivel municipal y provincial. Las reformas legislativas y propuestas de financiamiento ofrecen oportunidades, pero su éxito dependerá de la implementación transparente, el respeto a los derechos de pueblos y comunidades y una verdadera coordinación territorial. Sin estos elementos, la demarcación de áreas protegidas seguirá siendo una línea en el mapa más que una garantía real para la biodiversidad y los medios de vida locales.
